BIEN COMÚN… ¿Y A MÍ QUÉ?

BIEN COMÚN… ¿Y A MÍ QUÉ?

México y Michoacán han cambiado rápidamente en los últimos tiempos. Ha sido un proceso  drástico que asemejándose al cambio de la adolescencia nos presenta un panorama  distinto a la de apenas unos años. Ese cambio –que no en todos sus aspectos ha sido positivo- nos lleva a contemplar una realidad social, política y económica que no nos satisface o con la que no estamos de acuerdo, y que sin embargo, toleramos o consentimos como si estuviéramos condenados a sufrirla o simplemente ya nos hemos acostumbrado.

 

Seguramente al pensar sobre este tema, nos habremos hecho estas mismas preguntas: ¿Por qué no podemos ponernos de acuerdo en lo básico? ¿nos gusta la realidad que vivimos?, ¿qué buscamos como sociedad?, ¿hacia dónde queremos llegar?, ¿qué país, qué estado y qué ciudad deseamos?, ¿tan grandes son nuestros problemas que entre todos no podemos solucionarlos?, ¿qué podemos y/o debemos hacer en nuestras circunstancias personales para contribuir a la mejora de nuestra comunidad?, y otras muchas más por el estilo.

 

Hay que reconocer que el momento histórico que nos está tocando vivir no es para nada sencillo en ningún aspecto por el que se vea, pero tampoco ha sido el más complicado de la historia de México, Michoacán o Morelia. Seguro que habrá habido episodios con circunstancias más adversas que las actuales,  y a pesar de todo aquí seguimos. Puesta en perspectiva y así contextualizada, nuestra realidad nos presenta un enorme reto por delante como sociedad, que implica  definiciones de fondo respecto a nuestra meta común  y a la forma en que cada uno de los que la conformamos, colabora para su consecución.

 

Creo que las claves para afrontar ese reto son sin duda,  generosidad, buen humor, determinación y mucha, pero mucha creatividad.

 

Para ello primero hay que convencernos de que el bien común no es sólo un ideal ni  un objetivo que está tan lejos de nosotros y por tanto inalcanzable. El bien común pasa por el logro y consecución de nuestras propias metas personales y familiares, pero las trasciende, no es solo la suma de los bienes y satisfactores de todos los que conformamos una comunidad, aunque no se entienda sin referencia a ellos. Es la consecución de ese bien que el hombre no puede lograr solo, sino que requiere del apoyo y empuje del resto.

 

Por lo tanto, es posible alcanzar el bien común a través de la búsqueda del bien particular y  propio cuando en verdad la sociedad está correctamente orientada hacia el. Sin embargo su consecución implica el compromiso libre y decidido de cada uno por alcanzarlo. Implica una actitud vital y de justicia frente al fenómeno social.

 

Es momento de estar a la altura del reto y compromiso que tenemos por delante, y eso conlleva  salir de nuestra  propia <zona de confort> o de <resignación>,  de pensar más allá de lo estrictamente personal,  en pocas palabra, complicarnos la vida… En los tiempos actuales no caben <comodones>, ni bastan ciudadanos medios, no es momento de titubeos ni de reproches, es tiempo de preocuparnos y ocuparnos en nuestros asuntos y al mismo tiempo en los de los vecinos, en los de la comunidad…. eso es involucrarnos y  participar en la construcción de los objetivos comunes….

 

No se nos pide solucionar los grandes problemas educativos del estado, involucrémonos en la escuela de nuestros hijos, conozcamos a sus maestros. No nos corresponde brindar seguridad en la ciudad, formemos e inculquemos valores fundamentales en los nuestros. No se nos pide garantizar el estado de derecho,  respetemos las leyes por mínimas que parezcan.  Escuchemos al que piensa diferente y encontremos las coincidencias. Debatamos y aportemos para construir, no para obstaculizar. Tengamos visión de conjunto… Seamos consecuentes, eso que vivimos y queremos para nuestra familia y amigos, llevémoslo a las distintas esferas de la sociedad, incluidas sus instituciones. Atrevámonos a pensar que las cosas pueden ser diferentes.

 

Eso sí qué está a nuestro alcance… esas  pequeñas acciones en las que todos participamos orientando nuestras capacidades hacia el bien de la mayoría cambiando nuestra actitud… constituyen el bien común.

 

Eso es lograr el bien común, yo  estoy cansado de que me digan que no podemos. Podemos y debemos: tú, ¿te sumas?

 

 

“Palabra y silencio”

“Palabra y silencio”

Comunicar implica escuchar, contemplar…escuchar y hablar…palabra y silencio. Ni más ni menos. El exceso de palabra produce aturdimiento y el exceso de silencio frialdad. Se requiere en suma, un equilibrio entre la palabra y el silencio.

Desde el silencio se logra conocer al otro. Escuchando nos conocemos mejor nosotros mismos…comprendemos. El silencio es mucho más exigente pues requiere capacidad de escucha. El callar permite hablar al otro y a nosotros no aferrarnos a nuestras palabras o ideas.

Ante el exceso de información, el silencio ayuda a discernir… a ordenar.

Vivimos en México una realidad muy ruidosa que se maximiza por una descarnada verborrea política plagada de frases prefabricadas, discursos minuciosamente cuidados, teleprompters, preguntas previamente estudiadas, slogans motivadores, propuestas… lugares comunes…saliva y más saliva, uso abusivo de gerundios, promesas huecas, posicionamientos, dimes y diretes, muchos.

Somos constantemente bombardeados por respuestas a interrogantes que nunca nos hemos planteado y a necesidades que no sentimos. Hay una auténtica desconexión entre la realidad ciudadana y la “realidad de los políticos”. Cada quien trae su propia agenda y sus propias prioridades. El juego político se configura como un ejercicio de publicidad y mercadotecnia… los gobernantes recurren a verdaderas actitudes de vendedores profesionales en su  intento por demostrar una “especie” de  empatía político-ciudadana que pretende advertir que comparten nuestra indignación y necesidad de cambio…en el fondo prevalece la imagen y la pose, la postura y la sonrisa.

Concibo la democracia como un diálogo permanente entre los ciudadanos y sus representantes…un intercambio de visiones, de ideas y contrastes de una misma realidad que permiten su mejoramiento en vistas del bien común. La realidad actual evidencia por contra, verdaderos monólogos…golpeteo de labios…saliva y más saliva. Nos demuestra –en palabras de Carlos Díaz- “que no hay demasiados indignados, sino demasiados indignados cada uno de ellos con su tema”…que carecemos de una indignación común…que los indignados de hoy no somos los mexicanos (los hombres y mujeres concretos) sino tan sólo nuestras circunstancias… Y si falta el común, falta también el “algún”...el sujeto de la indignación que debiera reflejarse en aquel que pretende representarnos.

En un auténtico diálogo se intercambian informaciones, las personas se comparten a sí mismas, comparten su visión del mundo y de la realidad, sus esperanzas, sus ideales, y…eso no lo veo. ¡Cómo nos urge en esta etapa compleja al menos un poquito de silencio en nuestro país! Yo por lo pronto me siento aturdido, demasiada saliva, gerundios…ruido.

 

“ADIÓS AL FUERO PARLAMENTARIO COMO PRIVILEGIO DEL PODER”

“ADIÓS AL FUERO PARLAMENTARIO COMO PRIVILEGIO DEL PODER”

Mucho se ha escrito y discutido sobre el tema del llamado “fuero constitucional” en nuestro país. Una figura completamente desfigurada y desprestigiada por los abusos y excesos en que se había caído durante su aplicación, y que alcanzaron el culmen del cinismo y desvergüenza en el caso del diputado Godoy Toscano. Asunto que como ciudadanos nos dejó boquiabiertos y sin palabras frente a un evidente abuso de poder y un burdo caso en el que la inmunidad de los legisladores quedó de nueva cuenta equiparada a auténtica impunidad.

Es oportuno señalar que la figura del “fuero” o inmunidad parlamentaria, que es el término técnico correcto, nace como una protección de los legisladores frente a los posibles ataques lanzados en su contra por sus adversarios políticos, con la intención de preservar el cargo representativo  que ostentan y el correcto funcionamiento de las Asambleas, tratando en el fondo de garantizar el equilibrio entre los poderes del Estado. Es por tanto una protección del cargo y no de la persona que lo ostenta, que ha estado presente, aunque de diversas formas, a lo largo de la historia de los distintos tipos de estados.

Apenas hace dos días, la Cámara de Diputados –modificando una minuta aprobado en el Senado- aprobó importantes reformas a diversos artículos constitucionales en materia de inmunidad parlamentaria con la intención de acotar y definir claramente los límites de esta  <abusada> figura jurídica que conforma el estatuto básico de los parlamentarios. Considero que se trata de un avance que debe destacarse y que se configura como una reforma que pretende alcanzar el difícil equilibro entre la protección de las instituciones públicas en contra de ataques infundados de carácter meramente político y la eficacia en el  control del ejercicio del poder por parte de altos funcionarios públicos, incluidos los legisladores (diputados y senadores).

El nuevo dictamen de proyecto de reforma se fundamenta en el respeto al principio de presunción de inocencia de cualquier ciudadano y configura la sentencia de un juez penal  como el requisito de separación y retiro de inmunidad.  Deja a un lado el factor político y la facultad de las cámaras de prejuzgar sobre la responsabilidad o no del funcionario acusado, lo que en  la realidad sí que conformaba como un auténtico fuero o conjunto de privilegios de los legisladores, que en la práctica eran juzgados de manera institucional por ellos mismos y bajo sus propios lineamientos internos

Por lo que ahora, de confirmarse las modificaciones en el Senado de la República y luego por la mayoría de las legislaturas estatales -por tratarse de una reforma constitucional-,  la inmunidad quedaría  acotada a una figura que garantizará que durante el proceso penal, un servidor público pueda seguir desempeñando sus funciones como ocurre con cualquier acusado en libertad bajo fianza y en el momento en que el juez penal  dicte sentencia condenatoria que haga incompatible la sanción con el cargo público, solicitará al órgano al que pertenezca, el retiro inmediato de la inmunidad para efectos de que purgue su condena.

Es decir, ahora el servidor público sí podrá ser  sujeto a proceso penal con la única salvedad de que no podrá ser privado de su libertad hasta que exista una sentencia firme que lo declare culpable, privilegiando así el cargo y no a la persona que lo ostenta.

En el caso de autoridades locales con inmunidad (gobernador, diputados, magistrados, entre otros) deberá seguirse el mismo procedimiento, pues la minuta de la Cámara de Diputados prevé que las  legislaciones locales se arreglen a esas mismas disposiciones.

Entre otras aportaciones, la iniciativa pretende fijar con claridad que la inviolabilidad (es decir la irresponsabilidad por sus opiniones)  prevalecerá en todo momento durante el ejercicio del cargo y no solo en las actividades consideradas como legislativas o parlamentarias, con lo que se da un paso para terminar con la esquizofrénica práctica de nuestro sistema político de dividir la actuación de los legisladores en su carácter de pública y privada. Así mismo define que la inmunidad quedará acotada exclusivamente a la responsabilidad de tipo penal.

Desde el punto de vista técnico pueden criticarse algunos detalles, entre ellos el que se haya mantenido la protección absoluta del Presidente de la República exceptuándolo de la acotación de la figura de la inmunidad. Pero aun así el balance es sumamente positivo,  pues por otro lado el nuevo dictamen destierra los incentivos de tipo político en el sistema de responsabilidades que los senadores habían planteado originalmente y que contemplaba el requisito de votación del pleno para proceder al retiro de la inmunidad.

Así, a través de esta decisión, la Cámara de Diputados demuestra una visión de <avanzada> y de modernidad en un tema relevante de la tan necesaria reforma política, sin duda, uno de los más sentidos por parte de la ciudadanía. Esperemos que exista la misma sensibilidad y compromiso ante el tema por parte de las congresos estatales, para que esta reforma prospere y se concrete como un paso –no suficiente ni ideal- pero si muy significativo en el perfeccionamiento de nuestro sistema de responsabilidades de los servidores públicos y en la consolidación de un sistema democrático en el que se legitime de nueva cuenta la alicaída función parlamentaria.