“DIÁLOGO INTERMINABLE Y CINISMO COMO RASEROS PARA APLICAR LA LEY: ¿NUEVA CULTURA DE LEGALIDAD EN MICHOACÁN?”

En los últimos días hemos oído hasta el cansancio frases como “hay que privilegiar el diálogo”, “el diálogo se agotó”, “es necesario aplicar es Estado de Derecho”. En verdad es indignante que se utilice el lenguaje con tanta dejadez e imprecisión. Al hablar de estos temas es necesario realizar algunas precisiones, ya que su abuso hace pensar que, o bien no se entiende el concepto o que se trata de simples líneas discursivas huecas y carentes de sentido para quien las utiliza.

En primer lugar el Estado de Derecho no se aplica, se construye…lo que se aplica es la ley. El Estado de Derecho se consolida en la medida en que la cultura de la legalidad se constituye como la regla general.

Es un derecho-deber del Estado reprimir y remediar el desorden causado por la acción delictiva. Las penas no solo tienen un fin de defensa del orden público y de garantía de la seguridad sino que además sirven como importantes instrumentos de corrección y de ejemplaridad social que fortalecen a las instituciones.

Coincido en que el diálogo y la legalidad no están peleados ni se excluyen mutuamente, sin embargo, en un estado democrático, el primero se subordina siempre a la segunda.

El Estado de Derecho condiciona la actuación del Estado, pero también sus formas y contenido. Permite acciones predecibles… todos tenemos la certeza de que el poder del estado está acotado a lo que marcan las leyes y de igual manera sabemos a que atenernos pues las principales reglas de la convivencia están fijadas y publicadas de antemano. El Estado de Derecho garantiza justicia, protección de derechos humanos y facilita un desarrollo humano sostenible. Desde esta óptica es claro detectar que su ausencia genera por el contrario: injusticia, impunidad, indeterminación, estancamiento…justo lo que hoy vemos en Michoacán.

La existencia de un Estado de Derecho también tiene una importante repercusión en la vertiente social, ya que su solidez depende de la prestación de servicios públicos de forma eficaz y equitativa (policía, justicia, elaboración de leyes, etc.)

Su fortalecimiento pasa en primer lugar por la aplicación estricta y constante de las leyes vigentes, pero no se agota ahí, sino que implica avances en otros rubros ligados al tema de lo que hoy en día se conoce como Gobernanza: el aumento de transparencia y rendición de cuentas, el combate a la corrupción, el empoderamiento de mujeres y niños, etc.

Sorprende pues el llamado que hace el gobernador de Michoacán a concretar un pacto social para la estabilidad y el crecimiento del estado. Para alcanzar el tan mencionado Estado de Derecho no se requieren pactos, ni minutas, ni acuerdos… mucho  menos más leyes…se requiere voluntad política y la firme y sencilla convicción de aplicar la ley vigente oportunamente…nada más.

No es necesario inventar el hilo negro o convocar a pomposos eventos públicos en los que con voz seria se anuncie que el estado ahora sí, conjuntamente con todos los sectores sociales se compromete a cumplir y hacer cumplir las leyes…eso no cambia la realidad de las cosas. Si no se tiene un serio compromiso en la materia no se podrá  avanzar en él. Es muy sencillo, si queremos que prive el Estado de Derecho pues apliquemos la ley, ¿es mucho pedir?  Más pactos, más leyes, más acuerdos no sirven de nada si la autoridad no aplica y ajusta sus acciones a los dictados de las normas de manera permanente. Además, en todo caso ese pacto ya existe y se deriva del mandato de los votantes en  las urnas en  noviembre pasado, fecha en que legitimaron una oferta de gobierno que debe cumplir con sus obligaciones y responsabilidades.

 El reto no es generar más leyes ni más compromisos, ¿para qué? si no hacemos cumplir las que tenemos. ¿Desde cuándo requerimos de un acuerdo para obligar a la autoridad a realizar lo que esencialmente está obligada a hacer por nuestro máximo pacto social, representado por la constitución y las leyes que “nos rigen”?

¿Además qué pudiera perder el Gobierno del Estado al aplicar la ley en las actuales circunstancias por las que atraviesa Michoacán? …yo creo que ya ahora nada. El costo político ya lo asumieron, incluso de manera doble –ante la opinión pública y ante los grupos sociales manifestantes- por “recular” en su momento en aras de una supuesta tolerancia y en razón de motivos de oportunidad y conveniencia –al liberar a los estudiantes que incendiaron patrullas en abril pasado- ante una decisión que sin duda marcará la evolución de la administración en un tema toral como este. Valdría la pena reconocer el error y fijar postura firme de ahora en adelante…Demostrando contundentemente que a pesar de los hechos esa no será la constante en la presente administración.

“La tolerancia mal entendida que transgrede la legalidad se llama impunidad…y es el gran mal contra el que estamos luchando”. Así lo decreta magistralmente el Gobierno del Estado en el comunicado donde fija su posición oficial respecto a la crisis de los normalistas. De acuerdo absolutamente con ustedes… pero luego rematan: “Cada situación corresponde a situaciones (sic) diferentes, pero en este caso que raya verdaderamente en el cinismo…El que en alguna ocasión hayamos sido tolerantes en la aplicación de la ley, era el decirles (sic) para adelante a los grupos sociales de que había una oportunidad, pero obviamente nosotros no podemos estar repitiendo ese tipo de oportunidades”.  

Me preocupa la visión de la autoridad que insiste en que se puede ser tolerante en la aplicación de la ley…eso es imposible, la ley o se aplica o se viola, no hay de otra. No puede dosificarse ni aplicarse discrecionalmente, eso es lo que ha socavado la autoridad y legitimidad de nuestros gobernantes y de nuestras instituciones y ha sido causa de numerosas injusticias….

Condicionar la aplicación de la ley al agotamiento del diálogo o al desarrollo de acciones realmente cínicas convirtiéndolas en verdadero rasero, además de peligroso se constituye como una visión muy equivocada de la tolerancia.

¿Esa es la nueva cultura de legalidad que se nos propone?…de nueva no tiene nada y de cultura…menos, sino todo lo contrario. El Estado de Derecho debiera ser una prioridad no solo en el discurso de coyuntura, sino como legado y herencia con un objetivo de trascendencia cultural…eso es real visión de Estado. Es una tarea a largo plazo e indudablemente requiere un esfuerzo y decisión intrínsecamente político…de voluntad…de hacer.

La solución es sencilla y está a mano y además…es una obligación del Estado (no es facultativa ni discrecional)  ¡aplicar la ley!...siempre,  a todos por igual, sin esperar que la realidad raye en el cinismo para actuar...pero a tiempo, pues fuera de oportunidad se convierte en impunidad. El Gobierno del Estado se ha dado cuenta de ello y tiene nuevamente una oportunidad inmejorable enfrente…sin duda debe aprovecharla.

 

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