“NI TANTO QUE QUEME AL SANTO, NI
POCO QUE NO LO ALUMBRE. EL CASO
MICHOACÁN”
En el momento en que escribo esta líneas, el grupo de
normalistas atrincherados en la meseta purépecha que secuestró personas y
cosas, no solo mantiene retenidos a elementos policíacos y unidades de
transporte de personas y mercancías en total impunidad…sino que día con día
aumenta su cuota y número en franca burla a la “autoridad”. Todo esto frente a
la omisa e irresponsable respuesta de un gobierno estatal que pretende
justificar –con la esperanza quizá de que la continua repetición del argumento y
referencia a ese bien supremo al que llaman diálogo y gobernabilidad- llegará a
convencernos en algún momento de que su concepto de legalidad no incluye la
facultad discrecional de aplicar o no la ley dependiendo de la oportunidad y
el costo político que una decisión de
este tipo les acarreé. Olvidando que la
inaplicación de la ley no es solo una falta al juramento y protesta formal al
que la constitución los obliga en su
condición de autoridades, sino una
causal de responsabilidad tanto administrativa, política o incluso penal ante
una omisión o falta grave en el cumplimiento de sus obligaciones básicas.
Por otro lado, y ante la compleja
situación del Estado un grupo de senadores plantea la posibilidad de solicitar
la declaratoria de desaparición de poderes en Michoacán. Sin duda una postura
extrema para una situación que a su juicio es igualmente extrema… pero que,
difícilmente prosperará. La figura de la desaparición de poderes es una
atribución que la Constitución Política de nuestro país contempla para permitir
la intervención federal en los asuntos de los estados que han caído en una
situación de comprobada ingobernabilidad, que justifica –para proteger la
integridad del pacto federal- que el Presidente de la República nombre a
propuesta de una terna que le presente el Senado, un gobernador provisional con
el encargo de convocar elecciones en un término máximo de 3 meses.
Queda claro que la declaración de
desaparición de poderes no resuelve por sí misma los problemas, y aunque se
orienta a suplir los vacíos de poder, al tener una carga política tan grande,
poco o nada abona a la estabilidad institucional de un estado que, “emproblemado”, omiso y tibio en su actuar, formalmente
sigue funcionando. Esta figura ha sido invocada, desde su inclusión
constitucional en 62 ocasiones, de las cuales solo se han materializado 4 casos
en los procedió el nombramiento de nuevas autoridades…uno en la guerra
cristera, otro por rebeliones en algún estado que obligó al gobernador y a sus
diputados locales a huir o por la existencia de dos gobernadores en turno. En
1920 se solicitó para Michoacán sin éxito alguno.
Con esta iniciativa los senadores
panistas pretenden asumir su juego logrando escalar el tema Michoacán a la
palestra nacional ante el silencio y la inacción de la autoridad estatal,
con la intención de poner en la mesa e
ir preparando el escenario (contemplado por la propia constitución del estado)
que ante la falta absoluta del gobernador sean convocadas nuevas elecciones.
Valdría la pena en todo caso, más
allá de un mero posicionamiento político, analizar seriamente medidas más
realistas y contundentes y a mano localmente, como la desaparición de
ayuntamientos. Medidas que tengan como finalidad realmente restablecer la
gobernabilidad de las zonas y poblaciones en las que de facto han desparecido
los poderes y que están puntualmente
identificadas, como el caso de los municipios de Cherán, Buenavista (La Ruana),
etc. De esa manera, se podría evitar un mayor impacto negativo –al ya
existente- tratando de resolver los michoacanos nuestros propios problemas
político-institucionales, dejando para el apoyo federal la intervención
inmediata en temas emergentes como pudieran ser la seguridad y el combate al
crimen organizado mediante el apoyo del ejército o un posible rescate
financiero a través de un ambicioso programa de inversión.
Entiendo y comparto la urgencia y
sentimiento de orfandad y frustración…
Sea este pues, un llamado a la cordura y
objetividad a los actores políticos para que la solución intermedia que exige
la realidad michoacana sea asumida a cabalidad con los ojos puestos en la estabilidad
que este estado reclama… ni la tibieza e inacción de la autoridad para aplicar
la ley, ni la generalización del estado de emergencia en Michoacán… ni tanto
que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre.
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