“CLIMA DE IMPUNIDAD: EL ESTADO CONTRA SI MISMO”

“CLIMA DE IMPUNIDAD: EL ESTADO CONTRA SI MISMO”

Ante los acontecimientos violentos y realmente surrealistas de los últimos días hemos oído hasta el cansancio frases como “hay que privilegiar el diálogo”, “el diálogo se agotó”, “es necesario aplicar es Estado de Derecho”. En verdad es indignante que se utilice el lenguaje con tanta dejadez e imprecisión. Al hablar de estos temas es necesario realizar algunas precisiones, ya que su abuso hace pensar que, o bien no se entiende el concepto o que se trata de simples líneas discursivas huecas y carentes de sentido para quien las utiliza.

En primer lugar el Estado de Derecho no se aplica, se construye…lo que se aplica es la ley. El Estado de Derecho se consolida en la medida en que la cultura de la legalidad se constituye como la regla general.

Es un derecho-deber del Estado reprimir y remediar el desorden causado por la acción delictiva. Las penas no solo tienen un fin de defensa del orden público y de garantía de la seguridad sino que además sirven como importantes instrumentos de corrección y de ejemplaridad social que fortalecen a las instituciones. Simplemente pensemos con qué legitimidad podrá multar un policía de tránsito al infractor de una falta menor como pasarse un alto o estacionarse en zona prohibida, cuando por otro lado se permite robar, secuestrar, cerrar, destruir o vandalizar  ordinariamente sin que exista la mínima consecuencia. Es lo que Reyes Heroles llama -en su columna de esta semana– desigualdad jurídica.

Coincido en que el diálogo y la legalidad no están peleados ni se excluyen mutuamente, sin embargo, en un estado democrático, el primero se subordina siempre a la segunda.

El derecho condiciona la actuación del Estado, pero también sus formas y contenido. Permite acciones predecibles… con su vigencia todos tenemos la certeza de que el poder del Estado está acotado a lo que marcan las leyes y de igual manera sabemos a qué atenernos pues las principales reglas de la convivencia están fijadas y publicadas de antemano. El Estado de Derecho garantiza justicia, protección de derechos humanos y facilita un desarrollo humano sostenible. Desde esta óptica es claro detectar que su ausencia genera por el contrario: injusticia, impunidad, indeterminación, estancamiento…justo lo que hoy vemos en México y en Michoacán.

La existencia de un Estado de Derecho también tiene una importante repercusión en la vertiente social, ya que su solidez depende de la prestación de servicios públicos de forma eficaz y equitativa (policía, justicia, elaboración de leyes, etc.).

Su fortalecimiento pasa en primer lugar por la aplicación estricta y constante de las leyes vigentes, pero no se agota ahí, sino que implica avances en otros rubros ligados al tema de lo que hoy en día se conoce como Gobernanza: el aumento de transparencia y rendición de cuentas, el combate a la corrupción, el empoderamiento de mujeres y niños, etc.

Si no se tiene un serio compromiso en la materia no se podrá  avanzar en él. Es muy sencillo, si queremos que prive el Estado de Derecho… pues apliquemos la ley, ¿es mucho pedir?  Pactos, acuerdos… más leyes, más acuerdos no sirven de nada si la autoridad no aplica y ajusta sus acciones y las de los ciudadanos, a los dictados de las normas de manera permanente… se requiere voluntad política y la firme convicción de aplicar la ley vigente oportunamente…nada más.

Preocupa la visión y la tibia y cobarde respuesta de la autoridad que insiste en que se puede ser tolerante en la aplicación de la ley…eso es imposible, la ley o se aplica o se viola, no hay de otra. No puede dosificarse ni aplicarse discrecionalmente, eso es lo que ha socavado la autoridad y legitimidad de nuestros gobernantes y de nuestras instituciones y ha sido causa de numerosas injusticias….

Condicionar la aplicación de la ley al agotamiento del diálogo o al desarrollo de acciones realmente cínicas convirtiéndolas en verdadero rasero, o, peor aún… la inacción…además de peligroso se constituye como una visión muy equivocada de la tolerancia y una manera cobarde de declinar de la propia responsabilidad.

El Estado de Derecho debiera ser una prioridad no solo en el discurso de coyuntura, sino como legado y herencia con un objetivo de trascendencia cultural…eso es real visión de Estado. Es una tarea a largo plazo e indudablemente requiere un esfuerzo y decisión intrínsecamente político…de voluntad…de hacer.

La solución es sencilla y está a mano y además…es una obligación del Estado (no es facultativa ni discrecional)  ¡aplicar la ley!...siempre,  a todos por igual, sin esperar que la realidad raye en el cinismo para actuar...pero a tiempo, pues fuera de oportunidad se convierte en impunidad.

Así, además de los millones de pesos en daños materiales, el impacto en la educación, el tiempo perdido de los ciudadanos, las afectaciones económicas a las empresas  y negocios… la pérdida de confianza y certeza de los inversionistas, de la paz y armonía social…consecuencias de por sí dramáticas… se suma el desprestigio y menoscabo de autoridad y legitimidad de un Estado que declinando de su obligación legal en la actual crisis, conspira contra sí mismo.