“AUTONOMÍA DE <MENTIRITAS>”
Soy un fiel
convencido de que, ante la debilidad institucional del Estado de Michoacán, que
se refleja claramente en el nivel de alcance y eficacia de su gobierno, los cambios profundos deben venir de la
construcción de un auténtico estado de derecho y de la transformación -no solo
reforma- de paradigmas por parte de ciudadanos y gobernantes que traiga como
resultado un cambio cultural ajustado a la realidad.
Sin duda que uno de los caminos
que tenemos a mano, es el fortalecimiento real de los “organismos autónomos”,
que son los que permiten de alguna u otra manera influir “institucionalmente”
en el complejo andamiaje estatal. Finalmente esa es su razón de ser y existir como tales, pues han sido
pensados para equilibrar y vigilar el ejercicio del poder a través de la
dotación de autonomía presupuestal y de
gestión.
¿Cómo exigimos los ciudadanos que
los gobiernos cumplan con la calidad y cantidad de los servicios públicos que brindan
y que todos sufrimos a diario? ¿Cómo exigir que la actuación de la autoridad se
ajuste invariablemente a lo previsto por la ley? ¿Cómo hacer que el gobierno
reaccione ante su indiferencia e inacción frente a las vulneraciones burdas y
flagrantes de derechos básicos, en
absoluta omisión de su función?
Y si te digo que hoy por hoy, la autoridad encargada de vigilar los exceso,
abusos y omisiones del gobierno -y que debiese tener plena autonomía- recibe su
presupuesto mes a mes de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado…incluso los sueldos de sus funcionarios. Que si hay huelga en el
Ejecutivo se paraliza también su operación… como abogado me confunde, me sobrepasa
por kafkiano…como ciudadano me indigna y me interpela. El vigilante recibiendo
el pago del vigilado…y además con algunos trabajadores que responden –incluso a
derechos sindicales- al sujeto vigilado. No entiendo. ¿Y la autonomía
presupuestal y de gestión consagradas en la constitución?
Si esto resulta inconcebible, en
el caso concreto de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos debiese ser
inadmisible, pues la autonomía se presenta como su única garantía para el cabal
cumplimiento de su función en defensa de los ciudadanos.
Nos hemos acostumbrado a un
sistema político de formas y de incongruencias que tienden a mantener el statu
quo. No hay alicientes ni incentivos para el cambio institucional…no convienen,
incomodan. Están bien para el discurso, pero no para aplicarlos…comprometen…
Requerimos organismos autónomos,
realmente “autónomos”. En el papel y en los hechos… Fuertes, con presencia
ciudadana…con autoridad. Que sean escuchados, y respetados y tomados en cuenta.
Que tengan independencia para, llegado el caso necesario, plantar cara al
gobierno en defensa de los ciudadanos. Con autonomía de hablarse de tú a tú con
los demás poderes estatales.
Deberíamos ir examinando, más
allá de posiciones “rescatistas” o “salvacionistas” por parte de la Federación,
soluciones locales que fortalezcan de verdad las instituciones a largo plazo…
que permitan que el estado camine por sí mismo sin estar pensando
permanentemente en que seamos rescatados desde fuera.
Ahí un tema claro para la agenda
legislativa…que lancemos el reto para que los diputados y el Gobierno del
Estado faciliten la consolidación –en la práctica- de la autonomía de la
Comisión de los Derechos Humanos. Eso requiere que los actores políticos se
comprometan a empatar la teoría con los hechos…y si no fuera así, que los
ciudadanos empujemos los cambios requeridos, en eso se nos va la vida!
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