“ENTRE MÁS AVANZAN MÁS SE DEBILITAN”: EL CASO
DE LAS AUTODEFENSAS EN MICHOACÁN.
A estas alturas la verdad es que ya no sé ni que pensar. Entre
las declaraciones del Gobernador de Michoacán y
las del Secretario de Gobernación respecto de las autodefensas, de su
papel protagónico y de su ayuda al estado en labores de seguridad, no me queda
más que entender por qué es que hoy estamos como estamos.
No sé, ni creo que hoy haga
diferencia, si quienes han tomado las armas y se han cubierto el rostro para
reivindicar funciones de seguridad propias del Estado, sean ciudadanos
bienintencionados (movidos por una real desesperación y frustración ante la
impunidad y la inacción gubernamental), o miembros del crimen organizado…a
estas alturas da igual...son circunstancias que explican el fenómeno pero que
bajo ninguna óptica lo justifican legal o constitucionalmente.
En ambos casos, estamos ante
actos y hechos totalmente ilegales que
vulneran el orden jurídico y el estado de derecho frente a la complacencia o
–incapacidad- de la autoridad. Situación de facto que evidencia una profunda
falla institucional y estructural que se muestra ante la debilidad del Estado
en todos sus niveles de gobierno. Una situación en la que el Estado pareciera
claudicar ante el abandono o la renuncia a sus funciones básicas. Una situación
que evidencia una “estrategia” o la falta de ella, que, en el mejor de los
casos es fallida y sin coordinación…que genera peligrosos vacíos de poder, o,
peor aún, que apuesta por el desgaste y utilización de estos grupos como
supuestos “coadyuvantes”…
Es sin duda una situación clara y
evidente de vulneración de derechos humanos: económicos, sociales, culturales,
a la seguridad pública, a la legalidad, a la seguridad jurídica, al trato
digno, a la seguridad e integridad personal, a la vida, a la libertad de tránsito, a la paz pública, etc. Es en el
fondo… la justificación de un estado que elude su responsabilidad básica de
garantizar seguridad pública.
Es urgente la actuación e
intervención decidida de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el
tema. Ya la Comisión Nacional se pronunció sobre el fenómeno de las
autodefensas en Guerrero en un informe especial puntual y valiente.
El uso de la fuerza por miembros
de la sociedad civil no es la solución a
la situación actual pues además de que vulnera el orden constitucional y legal,
representa un riesgo muy grande de que la espiral de violencia crezca, al mismo
tiempo que afecta la gobernabilidad y cualquier esfuerzo por recuperar la
seguridad pública…ya lo han advertido muchos… el riesgo de la
paramilitarización es real, basta ver la experiencia colombiana.
Debe realizarse un informe
preciso que permita conocer con claridad en dónde estamos parados, la magnitud
del problema, el número de municipios y de ciudadanos afectados por los
bloqueos y desplazados por la violencia… un diagnóstico que documente la
realidad para de esa manera solicitar al Gobierno del Estado se implementen
medidas inmediatas para recobrar las funciones de seguridad pública y
garantizar la paz, y que cesen las violaciones de derechos humanos de los
michoacanos, ya sean víctimas, protagonistas o desplazados del conflicto.
No es opcional, el estado tiene
el deber de organizar el aparato gubernamental de manera que sea capaz de
asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos a
través de la prevención e investigación
de sus posibles violaciones como este caso concreto. Y eso no está sucediendo
hoy en Michoacán. ¿Qué esperamos? Como ciudadano lo exijo.
Efectivamente Señor Gobernador,
entre más avanzan las autodefensas, dada la inacción, abandono y/o renuncia de
las autoridades de los tres niveles de gobierno, más se debilitan…pero no
ellos, sino las instituciones, la credibilidad de la “autoridad”…el propio
Michoacán.
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